El organismo pidió 1,2 millones de Euros para una plantilla estancada, más costosa y que disminuye en la S.G. De Inspección de Datos.
SERVIPRESS / ESPAÑA / ADMINISTRACIONES - La Agencia justificó ante el Consejo de Ministros una ampliación presupuestaria por el "incremento de efectivos", pero las Relaciones de Puestos de Trabajo reflejan que desde marzo de 2025 a julio de 2026, el número total de puestos solo aumento en uno. La comparación con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno abre interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos de las autoridades administrativas independientes.
La documentación oficial de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y del Consejo de Ministros pone de manifiesto una aparente contradicción entre la justificación utilizada para obtener una ampliación presupuestaria destinada a gastos de personal y la evolución real de la plantilla de la institución.
El primer año del presidente concluye sin aumentos de puestos
El 7 de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó una modificación presupuestaria por importe de 1.229.752,16 euros para el Capítulo 1 (Gastos de Personal) de la AEPD.
Según la certificación oficial, la ampliación respondía a insuficiencias presupuestarias derivadas, entre otros motivos, del "incremento de efectivos" producido durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Sin embargo, el análisis de las sucesivas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) publicadas por la propia Agencia ofrece unas estadísticas llamativas.
Las RPT reflejan que la plantilla total pasó de 243 puestos funcionariales en marzo de 2025 a 244 puestos en julio de 2026.
En consecuencia, al finalizar este periodo, la Agencia solo había aumentado en un solo puesto de trabajo su infraestructura funcionarial.
Desde el nombramiento del presidente, en marzo de 2025, éste ha defendido públicamente la necesidad de reforzar los recursos humanos de la Agencia para hacer frente al incremento de la actividad y a las nuevas competencias asumidas por la institución.
Sin embargo, las Relaciones de Puestos de Trabajo reflejan que el número de puestos de personal funcionario permaneció invariable durante ese primer año de mandato, con 243 puestos tanto en marzo de 2025 como en abril de 2026 y solo un puesto más en julio de 2026.
Esta circunstancia resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que, durante ese mismo periodo, la AEPD obtuvo una ampliación presupuestaria de 1.229.752,16 euros para gastos de personal, justificada, entre otros motivos, por el "incremento de efectivos" registrado durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Sin embargo, si se comparan los complementos específicos de marzo de 2025 y julio de 2026, con un solo puesto más, se ha producido un incremento de 545.806,8 euros
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Periodo
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Puestos de funcionarios
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Coste anual del complemento específico
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Marzo
2025
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243
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3.570.562,38
€
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Julio
2026
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244
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4.116.369,18
€
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Resultan intrascendentes los puestos vacantes y no vacantes, pues la realidad es que, si todos los puestos hubieran estado cubiertos tanto en marzo de 2025 cómo en julio de 2026, la AEPD tendría que desembolsar en complementos específicos 545.806,8 euros más, solamente con la diferencia de un puesto.
Otro dato que destaca, es sin duda el descenso de puestos de trabajo en la S.G. DE INSPECCION DE DATOS. Mientras que en marzo de 2025 este departamento contaba con 119 puestos, en julio de 2026 descendió a 116 puestos. Sin embargo, mientras el complemento específico del departamento aumentaba en 141.086 euros, el correspondiente a los inspectores y subinspectores tan solo lo hacía en 36.391 euros a pesar de que representan el 69 % del total del departamento. Apenas nueve puestos de niveles 29 y 30 que representan el 7,75 % del departamento se reparten 94.099,18 euros del citado incremento.
Estos datos llaman poderosamente la atención ya que hablamos del departamento que se encarga de tramitar las reclamaciones.
El aumento de los 545.806,8 euros desde marzo de 2025 a julio de 2026 en los complementos específicos queda repartido de la siguiente forma:
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Categoría de Puestos
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Número de Puestos
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% de la Plantilla
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Importe Asignado
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Puestos
nivel 29 y 30
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29
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11,89%
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316.606,78
€
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Inspectores/Instructores
y Subinspectores e Instructores
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80
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32,79%
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36.391,00
€
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Resto
del personal funcionario
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135
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55,33%
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192.808,42
€
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Dos autoridades independientes, dos modelos presupuestarios
La evolución de la AEPD contrasta con la del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), otra autoridad administrativa independiente de ámbito estatal.
Mientras la Agencia obtuvo una ampliación presupuestaria superior a
1,23 millones de euros para reforzar el Capítulo 1, el
CTBG continúa desarrollando su actividad con un presupuesto prácticamente inalterado desde 2022, pese al incremento sostenido del número de reclamaciones que tramita cada año.
La comparación resulta especialmente significativa porque ambos organismos desempeñan funciones esenciales para la garantía de derechos constitucionales y afrontan un aumento progresivo de su carga de trabajo.
Sin embargo, la respuesta presupuestaria ha sido muy diferente en cada caso.
Un debate sobre la financiación de las autoridades independientes
Esta situación reabre, además, un debate que el
Tribunal de Cuentas viene planteando desde hace años sobre el modelo de financiación de la Agencia Española de Protección de Datos.
En sus informes de fiscalización, el órgano fiscalizador ha recomendado avanzar hacia un sistema que garantice una financiación estable y suficientemente independiente, evitando que puedan surgir dudas sobre la suficiencia de los recursos asignados para el ejercicio de sus funciones.
En este contexto, la evolución simultánea del gasto de personal, la reducción de la plantilla y las modificaciones presupuestarias adquieren una especial relevancia institucional.
Una explicación pendiente
Los documentos oficiales plantean una cuestión que trasciende la gestión interna de la Agencia.
Por un lado, la AEPD obtuvo una ampliación presupuestaria de 1.229.752,16 euros para gastos de personal invocando un "incremento de efectivos". Por otro, las Relaciones de Puestos de Trabajo publicadas por la propia institución reflejan que la estructura de personal no crece.
A ello se suma que el actual presidente continúa defendiendo públicamente la necesidad de incrementar los recursos humanos de la Agencia, mientras el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afronta un aumento continuado de su carga de trabajo con un presupuesto prácticamente congelado desde 2022.
La comparación entre ambas instituciones plantea una cuestión de interés público que merece una explicación: cuáles son los criterios que justifican un tratamiento presupuestario tan diferente entre dos autoridades administrativas independientes llamadas a garantizar derechos constitucionales y cómo se asegura, en ambos casos, una utilización transparente, eficiente y suficientemente justificada de los recursos públicos.
Documentación relacionada:
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